Por: José de la Cruz Garrido
Profesor Asociado, Facultad de Gobierno

Desde el año 2016, a partir de una investigación desarrollada para la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), investigadores de las facultades de Gobierno e Ingeniería de la UDD propusieron la construcción de un sistema de alerta temprana de riesgo social y situacional para niños, niñas adolescentes (NNA). Esto fue el resultado de una investigación interdisciplinaria en tres escuelas insertas en un conjunto de villas que se caracterizan por la segregación barrial y la exclusión social de sus habitantes en la comuna de San Bernardo. Desde entonces, se contactó y trabajó además con una serie de oficinas y escuelas municipales de Villa Padre Hurtado y El Sauce-Bajos de Mena (Puente Alto), La Pintana Centro, Los Nogales (Estación Central) y el eje San Luis (Quilicura). El diagnóstico fue evidente: por un lado, existe una población de jóvenes que ha desertado del sistema escolar, y por otro, hay un grupo que, si bien aún asiste a clases, alimenta la matrícula de escuelas que no cuentan con las herramientas para abordar esta difícil problemática. Las escuelas sirven para el reclutamiento temprano de jóvenes para la inserción temprana en el crimen, narcotráfico o consumo problemático de drogas, entre otros riegos asociados.

Estos barrios se caracterizan por estar altamente estigmatizados y, según la SPD en su Informe de Diagnóstico de Programa de Barrios Prioritarios (2019), al menos un 25% de su población son NNA, sobre el 30% de los hogares están constituidos por jefatura femenina, al menos un 20% de los hogares presentan hacinamiento y allegamiento y sobre el 50% integran el grupo del primer quintil, grupo más pobre del país. En efecto, según la Casen 2017 el 12,7% (528.574) de los jóvenes entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. Al desglosarlo por comunas y considerando solo a los menores de entre 2 y 17 años, mientras Vitacura anota un 3,4%, la Pintana arroja un 6,5%. Sin embargo, es necesario considerar otras variables y temas de enfoque.

Uno de los episodios más recurrentes y significativos en barrios segregados, que la Casen captura como variables de Entorno y Redes, son las balaceras. Es un evento que está asociado al uso de armas de fuego y al control del narco en un territorio. Más aun cuando se dimensiona la magnitud del problema. Según señala el Obser- vatorio del Narcotráfico en Chile de la Fiscalía Nacional (2017), existen 426 barrios identificados bajo el control narco en 24 comunas, 13 de ellas en Santiago. En efecto, recientemente el General Director de Carabineros, Mario Rozas, expuso ante el Congreso (5/6/2019) que entre el 2018 y 2019 la policía tiene registro de 113 funerales narco.

No es extraño, entonces, si consideramos esta variable de entorno de la encuesta Casen 2017, relativa a la exposición a balaceras. En ella, los menores de 17 años que declaran estar “siempre” expuestos a balaceras, si en Las Condes arroja un 0.2%, en Quilicura esta cifra llega al 21,7% y en Puente Alto a un 29,5%. El mismo ejercicio se puede realizar con presencia de rayados, personas consumiendo o traficando drogas, donde las cifras muestran una situación similar. La variable espacial es determinante para definir el tipo de factores de riesgo. Pero lo que llama aún más la atención al observar los datos georreferenciados del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD)1, son las asimetrías significativas acotadas a perímetros de poblaciones específicas. Mientras los casos policiales (denuncias + flagrancia) de delitos asociados a violencia intrafamiliar y otros delitos pueblan el mapa, el narcotráfico es nulo, a pesar de que es de público -al menos local- conocimiento donde y quiénes venden droga. Incluso, dentro de los mismos delitos las diferencias entre adultos y menores son evidentes, haciendo en elemental ejercicio que compare VIF (violencia intra familiar) contra la mujer y VIF contra menores en La Granja (CEAD 2015-2017) se puede observar quiénes son los invisibilizados:

En este escenario, por lo mismo, es inútil persistir con un enfoque que no incorpore a las comunidades en la solución de problemas que requieren una intervención integral y que tenga un foco espacial. Un primer paso es identificar las escuelas asociadas a estos territorios que son la única presencia que tiene el Estado en esas poblaciones marginadas de la sociedad. En efecto, la Agencia de Calidad informa en sus resultados de Categoría de Desempeño 2018, que existen 430 escuelas básicas en situación Insuficiente. Una propuesta metodológica es identificar cuáles de esas escuelas están insertas en contextos de segregación barrial bajo dominio narco. Y, este punto, da cuenta de cómo se ha orientado la política pública sobre la base de indicadores, los que, si bien son necesarios para consignar avances en educación en condiciones “normales”, no captura la dimensión del problema de violencia y segregación que se está viviendo en muchos barrios de las grandes ciudades de Chile.

En el estudio realizado en San Bernardo, por ejemplo, consultados 500 estudiantes de tres escuelas (una de enseñanza básica, una de media y otro técnico profesional), el 13,4% señaló pertenecer a una pandilla con una edad promedio de 14 años (la encuesta se realizó entre 5º básico y 4º medio). Este trabajo contempló cuatro preguntas inspiradas en el trabajo de Jonathan Haidt (2012), quien desarrolla su investigación en psicología moral, la que busca capturar las intuiciones morales (motivaciones) para la construcción del razonamiento moral. Primero, por medio de situaciones alusivas a instancias que están naturalizadas en el territorio, informadas por conversaciones informales, entrevistas y grupos focales, el 37,7% de los niños que declara “pertenecer a una pandilla” señala que es correcta la amenaza de muerte a quien “ofende” el liderazgo pandillero. En cambio, de aquellos que se declaran “no pandillero”, sólo el 12,3% lo encuentra correcto. Segundo, la no receptación2 de artículos robados por temor a la policía es declarada como correcta por el 48,1% de quienes declaran pertenecer a una pandilla, versus un 68,7% de quienes no declaran pertenecer. Tercero, evaluar una situación estándar que ocurre en estos territorios, como el reclutamiento de niños para el tráfico de drogas y la consecuente deserción escolar por parte de líderes juveniles cercanos a ti, es considerado correcto por el 8% de los niños que declaran no pertenecer a una pandilla, subiendo a un 32,7% en los que sí se declaran pertenecer a una pandilla. Finalmente, relacionado con la naturalización de la violencia (se informa que niños y niñas han tenido experiencias de asesinatos en su familia, lo que se puede prestar para acoso y hostigamiento), el apelar a la autoridad en una situación límite parece natural; sin embargo, sólo el 53% de los estudiantes que declara pertenecer a una pandilla consideran correcto acudir al profesor para enfrentar burlas, cifra que aumenta a 73% entre los que no se declara pertenecer.

Estos datos, si bien no son concluyentes, hablan de una percepción de autoridad que no es capturada por los indicadores tradicionales, y alerta del problema que se enfrenta desde hace décadas en educación en barrios segregados. Y es que la psicología moral enseña que se desea el reconocimiento de los demás, como diría Adam Smith en su Teoría de los Sentimientos Morales (1759): el deseo de ser amado. Esto es lo que lleva a desear mejorar la condición social de las personas y desear ser dignos de elogio. El problema es que en contexto de segregación barrial, la violencia es el vehículo de reconocimiento y el abuso, la norma. Si la psicología moral funciona sobre la base de procesos de identificación simpática no es causal que en estas comunidades la autoridad sea el narco, el único que está en condiciones de ofrecer una imagen de éxito dentro de la pobreza.

Para revertir esta situación, se requiere identificar, con inteligencia geoespacial, los sectores más vulnerables (dentro de los vulnerables), y construir perfiles de riesgo que permitan orientar la política pública con foco preventivo, aprovechando herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Esto debe incluir el mapeo georreferenciado de balaceras que se realizó en San Bernardo (un primer piloto) donde se logró medir 44 hitos en 22 días, incluyendo un funeral narco. El trabajo con comunidades, por otra parte, exige un “cambio de switch” introduciendo metodologías de innovación social y cruzando una discusión interdisciplinaria, que incluya los graves problemas de salud mental que enfrentan las es- cuelas en estos territorios, fruto de la violencia y la invisibilidad social. Punto que pone de relieve la filósofa Hannah Arendt cuando alerta en su libro Sobre la Revolución (1963) que “la maldición de la pobreza radica más en la invisibilidad que en la indigencia”.

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