A partir de abril del próximo año, todas las empresas del Estado deberán publicar y actualizar en sus páginas web información relevante para la ciudadanía: cómo gastan sus presupuestos y los sueldos de cada uno de sus funcionarios, por ejemplo. Ese mes entrará en vigencia la nueva Ley de Acceso de la Información Pública, promovida por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri.

También en abril comenzará a ejercer sus funciones el Consejo para la Transparencia, cuya misión principal será velar por la pronta entrega de información pública a los particulares. En su presidencia estará el abogado Juan Pablo Olmedo, quien se reunió con los alumnos de Periodismo UDD para conversar acerca de los desafíos que enfrentará el organismo. “Lo primero será comunicar a la ciudadanía que el acceso a la información es un derecho e incentivar el uso de éste”.

Casos concretos, “por ejemplo, la persona que quiere saber por qué no ganó la licitación de Chilecompra, o el que quiere comprar una casa y necesita conocer el plan regulador de la comuna”.  En ambos casos la información es de utilidad para las personas involucradas y es importante conocerla.

Olmedo estará acompañado en el Consejo para la Transparencia por el ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro; el vicedecano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, Roberto Guerrero y por el ex diputado y profesor de derecho constitucional, Raúl Urrutia.

Hasta ahora, Olmedo presidía la Fundación Pro Acceso, entidad que nace el año 2004 con el fin de promover cambios a nivel legal y cultural para derribar las barreras al acceso a la información pública y consolidar el reconocimiento al derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental.

“Nuestra discusión fue recogida por el país y se consolida en esta nueva ley, -explica el abogado-  que para los periodistas debiera convertirse en una valiosa herramienta”.

Una de las atribuciones del Consejo será “en caso de que no exista una entrega oportuna de información, establecer una multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente a un jefe de servicio”, explica Olmedo. O sea, la sanción puede afectar a un ministro, un comandante en jefe o cualquier alto funcionario público, lo que otorga un valioso poder a este organismo público.

El diálogo sostenido entre Olmedo y los alumnos de la UDD fue moderado por la decana de la Facultad de Comunicaciones, Carolina Mardones.