Los constantes riesgos y pérdidas de confianza relacionados con el crecimiento del fenómeno de los desórdenes informativos -información falsa o engañosa, piezas informativas falsas, deep fakes videos, brain hacking, ataques de ciberseguridad con hackeo de datos, pseudomedios de comunicación creados ad hoc para campañas, las narrativas hostiles, la publicidad segmentada, el uso de inteligencia artificial o las llamadas “fake news” – tienen un impacto negativo en la democracia que se agrava en periodo electoral por lo que es necesario dotar a los Estados, y especialmente a los organismos electorales, de un marco legal y unos recursos suficientes para poder cumplir su función en un ecosistema totalmente diferente, en el que plataformas privadas ejercen de facto de árbitros electorales.